La Cámara Federal de General Roca rechazó dos recursos que intentaron torcer la decisión que autorizó el desalojo previsto para el 28 de diciembre. Con ello, se mantiene la decisión de erradicar a las 130 familias que se instalaron en la reserva forestal perteneciente al INTA en el Mirador del Azul.
Los planteos del defensor de menores de General Roca, Eduardo Peralta, y de otros dos particulares involucrados en la toma fueron desestimados por la Cámara Federal de Apelaciones. Con ello se mantiene vigente la orden de desalojo emitida por el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, que ordenó concretar la medida el próximo 28 de diciembre, con extremos cuidados para evitar situaciones violentas.
Se trata de los predios identificados como NC 20-1-F-043-01 y 20-1-F-003-01, pertenecientes al INTA, ubicados en la localidad de El Bolsón donde tiene su asiento la Reserva Forestal de Loma del Medio, que fueron paulatinamente ocupados por un centenar de familias.
Justamente Zapata, había rechazado inicialmente ordenar el desalojo, pero en apelación la Cámara resolvió la restitución del predio ocupado por centenares de vecinos al INTA de El Bolsón y mandó a Zapata a establecer las condiciones para ejecutarla.
Así, Zapata le puso fecha y emitió diversas resoluciones y comunicaciones en las que estableció las condiciones para que se desarrolle el desalojo. Pero una nueva apelación, esta vez de dos particulares y del defensor de menores, había planteado dudas. Tras el rechazo a esos planteos, la medida se mantiene vigente.
El juez subrogante de Bariloche autorizó a “allanar las construcciones -aun precarias- que pudieran hallarse en el lugar, y requisar los vehículos y personas que estuvieran allí, con el objeto de proceder al secuestro de elementos constitutivos de los ilícitos investigados y que permitan dilucidar la responsabilidad que podría caberle a cada sujeto -entre ellos herramientas, celulares, anotaciones, inscripciones, etcétera”.
En el mismo sentido, ordenó la identificación de las personas que estén ocupando el predio, notificándoles que están imputadas por el delito de usurpación y de su obligación de designar defensor.
Facultó a las fuerzas que intervengan a detener “a las personas que intenten impedir el cumplimiento de la medida dispuesta” y encomendó al Ministerio de Seguridad la designación de una fuerza “con capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública”.
En esa misma línea, estableció que deberán extremarse “las medidas para resguardar la vida e integridad física de las personas, especialmente de aquellas que -eventualmente- intenten impedir la realización de la diligencia”, minimizando al máximo posible el uso de la fuerza y ajustando el uso de armamento a las reglamentaciones vigentes, de acuerdo a “principios de proporcionalidad, gradualidad, legalidad y oportunidad”.
Para concretar el desalojo previsto para el 28 de diciembre, Zapata requirió la presencia de asistencia médica y ambulancias, “en caso de que alguien resulte herido” y mandó a destruir las casillas precarias que los ocupantes del predio instalaron en el lugar.
Fuente: El Cordillerano.
Fuente: InfoChucao